La democracia moderna se fundamenta en la necesidad de equilibrar el poder del Estado y el libre mercado para proteger los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. Aunque ambos son necesarios, deben estar limitados, controlados y regulados a través de instituciones descentralizadas y ciudadanizadas para garantizar su eficacia y justicia.
La descentralización del poder estatal es fundamental para asegurar la participación ciudadana y prevenir la corrupción. La transferencia de responsabilidades y recursos a las autoridades locales permite una gestión más cercana a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Además, la ciudadanización de las instituciones, es decir, su control por parte de la sociedad civil, también es esencial para evitar el abuso de poder. Los ciudadanos deben tener la capacidad de supervisar y exigir cuentas al Estado y al Mercado.
La regulación del mercado es igualmente importante. Si bien el libre mercado puede ser un motor de crecimiento económico, también puede generar desigualdades y abusos. Por lo tanto, el Estado debe establecer regulaciones para garantizar la competencia leal, la protección del consumidor y el medio ambiente, y evitar la concentración de poder en pocas manos. En este sentido, la sociedad civil también puede desempeñar un papel importante en la supervisión y el control del mercado.
En última instancia, es el ciudadano quien construye el Estado y el Mercado que se merece. Si los ciudadanos son conscientes de sus derechos y responsabilidades, si participan activamente en la toma de decisiones, si vigilan y controlan el poder, pueden construir instituciones eficientes, justas y democráticas. Sin embargo, si los ciudadanos son indiferentes, pasivos o ignorantes, pueden permitir la consolidación de poder en manos de unos pocos, el abuso de poder y la corrupción. Por lo tanto, es esencial fomentar la educación cívica y la participación ciudadana para fortalecer la democracia moderna y construir una sociedad justa y equitativa.